Apuntes sobre la revuelta agraria en Europa y España.
Finalmente, los ecos de movilización que venían desde Europa han arreciado en España. En las últimas semanas las diversas organizaciones agrícolas españolas, así como diversas plataformas de “agricultores independientes” han organizado protestas, tractoradas y cortes de carretera en prácticamente todas las provincias españolas. Nuestra provincia, Ciudad Real, se ha visto particularmente afectada por la importancia de su sector agropecuario y en todas las medianas y grandes localidades se han visto protestas por parte de los agricultores manchegos.
Las razones que han motivado a los agricultores españoles unirse a la protesta están en línea con las reivindicaciones de sus colegas europeos: reforma de la Política Agraria Común; menos burocracia para la tramitación de subvenciones; mantenimiento del subsidio al Diesel para tractores y maquinaria agrícola; cumplimiento de la Ley de la Cadena alimentaria y prohibición de que las empresa comercializadoras fijen los precios de los productos agrícolas por debajo del coste de producción; rechazo a los requisitos exigidos por el “Pacto Verde Europeo” que restringen la utilización de pesticidas entre otras medidas y denuncia de tratados comerciales con países extracomunitarios para vender en el mercado europeo a un menor coste de producción (especial mención al tratado comercial con el Mercosur, tratados con Marruecos o el acuerdo para la venta del grano ucraniano en la UE).
Evolución del campo español (y europeo) en los últimos años
Para hacer un buen diagnóstico de la situación, es preciso remontarnos un poco al desarrollo en las últimas décadas de la agricultura en nuestro país y especialmente después de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (antecesora directa de la Unión Europea), en 1985. Uno de los temas candentes en esta movilización es la llamada Política Agraria Común (PAC), políticas implementadas desde 1962 para armonizar las estructuras agrarias en la UE. Formalmente estas políticas se crearon para “mantener la soberanía alimentaria y proteger a nuestros agricultores y ganaderos”, sin embargo, con el tiempo hemos visto que estas políticas han ido en la línea de favorecer principalmente a la agro-industria y a los [1] grandes poseedores de tierras.
Desde la reforma de la PAC de 2003, el acceso a las subvenciones ha sido cada vez más restrictivo y alrededor de un 80% de las cantidades concedidas han ido al 20% de las mayores empresas agrícolas, cerca de un 0,5% de los mayores tenedores de tierras han recibido más de un 16% de las ayudas y un 75% de los pequeños agricultores recibieron un 15% de las cantidades. Grandes terratenientes españoles, como los Duques de Alba, Juan Abelló o Samuel Flores, recibieron cantidades millonarias, mientras que la mayoría de los pequeños agricultores no llegan a los 5.000 euros.
Por otra parte, los costes de la producción agrícola han subido exponencialmente principalmente debido a la inflación, espoleada por la guerra de Ucrania y las sanciones de la UE a Rusia, sin embargo, los grandes monopolios comerciales han seguido poniendo precios irrisorios para los productos comerciales. En febrero del año pasado, los costes de producción superaron en 6 puntos a los precios de venta.
Todo esto ha provocado cambios significativos en la estructura de la propiedad agrícola en España que ha visto como se ha venido reduciendo el número de pequeños agricultores, mientras que la tierra se ha ido concentrando cada vez más en grandes latifundios.
Según lo expuesto por el economista Carlos Sánchez Mato, con los datos del INE en las últimas dos décadas, el número de explotaciones agrarias de más de 50 hectáreas ha pasado de un 67,7% a un 72,7%, en 2020; los macro cultivos suponen casi un 58% de toda la superficie cultivable de España [2].
El economista señala también que las fincas con más de 100 hectáreas han crecido exponencialmente en comunidades como Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid. En términos globales, las explotaciones agrarias se han reducido un 8% respecto a 2009, muchas de éstas eran minifundios que han sido absorbidos por latifundios. Por otra parte, las sociedades mercantiles son tan solo un 6% de los propietarios totales, pero éstas poseen cerca de un 25% de las tierras agrícolas. Otra muestra del acelerado declive de la pequeña propiedad familiar lo podemos ver en la mano de obra empleada. Si comparamos las cifras de 2009 con las de 2020, la mano de obra familiar en las explotaciones agrarias descendió cerca de un 50%, mientras que la mano de obra asalariada por cuenta ajena aumentó 16,3% y la subcontratada un 13,9%.
Vemos que además de una concentración parcelaria se está produciendo una acelerada proletarización del campo español, principalmente trabajadores y trabajadoras migrantes del Sur Global.
Como decía Carlos Marx: «La propiedad privada fruto del propio esfuerzo es desplazada por la propiedad privada capitalista que se basa en la explotación de la fuerza de trabajo ajena (…) una vez que el modo capitalista de producción se mueve ya por sus propios medios, el rumbo ulterior de la socialización del trabajo y de la transformación de la tierra y demás medios de producción en medios de producción explotados socialmente, es decir, sociales, y por tanto, la marcha ulterior de la expropiación de los propietarios privados, cobra una forma nueva. Ahora ya no es el trabajador que gobierna su economía el que debe ser expropiado, sino el capitalista que explota a numerosos obreros» [3]
Actualmente, dentro del sector primario en el Estado Español, podemos distinguir entre: 1) pequeños propietarios familiares en retroceso continuo; 2) latifundistas que cada vez ocupan más terrenos cultivables y que amplían sus ganancias, pero no porque aumenten la productividad sino porque, cada vez más, se dedican a la especulación inmobiliaria, al rentismo o a la agricultura (y ganadería) intensiva; y 3) una clase proletaria agrícola, en gran parte migrante, racializada o/y muy precarizada. En realidad, esto no es más que una homologación a lo que se ha convertido el sector agropecuario en el mercado europeo y en los llamados países imperialistas desarrollados.
En definitiva, el peso de la agricultura en el PIB desciende cada vez más, la producción cárnica y vegetal se hace en grandes plantas agro-industriales o invernaderos con costes de producción menor o se exporta directamente de países del Sur Global. Como en otros sectores de la economía, la concentración social del capital se recrudece.
La extrema derecha y su demagogia
En este sentido son justas las demandas de los agricultores europeos (y españoles) que se ven en una situación muy delicada, pues son víctimas de unas políticas que los llevan a la extinción. Muchas de sus demandas son legítimas como la revisión de la PAC, la ruptura con los tratados de libre-comercio de la UE, las demandas de cumplimiento íntegro de la Ley de la Cadena Alimentaria, todas ellas demandas anti-monopolistas que hacemos nuestras.
Sin embargo, en estas protestas legítimas, estamos viendo como la extrema derecha está intentando capitalizarlas, no sólo con un interés electoralista, sino para poner a los medianos y pequeños agricultores a luchar por unos intereses que nos son los suyos. Tanto Vox y PP en España, como Agrupación Nacional en Francia, AfD en Alemania, Interés Flamenco en Bélgica…, han defendido en las instituciones públicas, tanto nacionales como europeas, una postura cercana a los intereses de los grandes poseedores de tierra, las grandes comercializadoras alimentarias, las grandes instituciones del capital financiero y, en definitiva, junto con los mayores causantes del drama que están viviendo los agricultores y ganaderos.
El principal chivo expiatorio que los voceros de la ultraderecha, y sus simpatizantes, utilizan para instrumentalizar las protestas del sector primario es el Pacto Verde Europeo y la llamada Agenda 2030. El tema de la Agenda 2030 no es otra cosa que una demencial teoría de la conspiración, según la cual los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos en 2015 por la Asamblea General de la ONU y también suscritos por 193 países tan diferentes, y en ocasiones opuestos entre sí, como EEUU, España, Francia. Alemania, China, Rusia, México, Colombia, Cuba, Brasil, Suecia, Finlandia, Argentina, Sudán, Sudáfrica… constituyen un malvado contubernio de los “poderes globalistas” para imponer una suerte de “dictadura progre” mundial bajo los pérfidos valores del ecologismo, el feminismo, etc.
El elemento central de la Agenda 2030 busca conectar con la irracionalidad y las teorías de la conspiración que la ultraderecha difunde en redes sociales, buscando un culpable definido y a la vez difuso, (los malvados planes de unas hipotéticas elites globalistas) para explicar problemas complejos (la crisis climática, la destrucción de los ecosistemas) que analizados con seriedad podrían poner en cuestión la propia viabilidad del sistema capitalista.
Es obvio que el “capitalismo verde” que pretende implementar la Unión Europea no resuelve los problemas esenciales referentes al cambio climático. Principalmente porque sigue permitiendo la destrucción del medio-ambiente de multinacionales europeas, especialmente en países en desarrollo, e impone condiciones draconianas (subidas de combustibles, limitaciones de sulfatos…) que son costes añadidos para numerosos autónomos y pequeños propietarios. Sin embargo, tenemos que transmitir que los problemas derivados del cambio climático son un problema acuciante que debe tratarse a nivel global con medidas de calado que pongan el beneficio común por encima de los intereses de las multinacionales. Seguramente sea necesario la socialización de las grandes corporaciones y la planificación económica de los países para poder dar una solución mínimamente adecuada al problema.
Otra cuestión sobre la cual la extrema-derecha suele poner sus miras es el comercio de productos a bajo costo procedentes de países del Sur Global. Con consignas tales como “Nos enfrentamos a la competencia desleal de Marruecos”, etc., pretenden capitalizar el malestar con los tratados de libre comercio de la UE mediante una retórica nacionalista y chovinista. Esto sería creíble si no fuera porque los eurodiputados de Vox (junto con los de PSOE y PP) han votado reiteradamente a favor de los tratados de libre comercio. [4]
En el fondo, la demagogia de Vox, y también del PP, es simple palabrería con la que pretenden atraer a un sector social bastante descontento, y que piensan, puede ser sensible a asumir sus valores reaccionarios. Las vinculaciones de la derecha política con los grandes terratenientes y los grupos monopolistas de la alimentación son de sobra conocidos y sus objetivos en esta pelea (además de debilitar a sus rivales en el gobierno) es conseguir una mayor desregulación que les permita una producción sin trabas en sus amplias explotaciones agrícolas, a costa de arruinar a los medianos y pequeños productores. Y es que en esta lucha no sólo hay pequeños propietarios, sino que también hay terratenientes y rentistas en defensa de sus intereses.
Con los trabajadores del campo y los pequeños productores
Ante esta situación, nuestro Partido no tiene más que situarse de parte de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, y solidarizarse con sus demandas anti-monopolistas tales como la reestructuración de la PAC, la denuncia de los tratados de libre comercio de la UE, que se cumpla de manera efectiva la Ley de la Cadena Alimentaria (que PP y Vox votaron en contra), etc. Algunas demandas como las referentes a cuestiones de exigencias ecológicas podrían ser matizadas y reconducidas hacia medidas que aseguren una transición a cultivos ecológicos sin dejar la situación en manos de “las fuerzas del mercado” y que repercutan estos cambios de manera más proporcional en las grandes superficies, y no sobre los hombros de los medianos y pequeños productores. Las veleidades negacionistas, conspiranoicas y chauvinistas deben ser firmemente rechazadas.
Sin embargo, la defensa de los medianos y pequeños productores no puede suponer abandonar a las trabajadoras y trabajadores agrícolas, que muchas veces se encuentran en una situación de infame precariedad y explotación. Defender la subida del Salario Mínimo Interprofesional y los derechos laborales de los jornaleros no debe ser incompatible con la defensa de las demandas de los pequeños y medianos propietarios, y si hay algún conflicto, nos verán siempre del lado de los jornaleros.
Desde el Partido Comunista en Ciudad Real defendemos una agricultura social que se base principalmente en el cooperativismo, la planificación y gestión adecuada de los recursos hídricos, la creación de empresas comercializadoras públicas con precios fijados bajo criterios objetivos, que prime el bienestar animal y el respeto a los derechos de las jornaleras y jornaleros. En definitiva, un modelo opuesto a la explotación intensiva que pretende ser hegemónico.
Edgar Téllez, responsable de Área Interna provincial del Partido Comunista de España en Ciudad Real
Notas
- https://efeagro.com/coste-produccion-agraria-precio/
- https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=51156&L=0
- https://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/eccx86s.htm
- https://www.elplural.com/politica/excompanera-hermann-tertsch-ataca-eurodiputado-golpear-agricultores_233754102
