El próximo 15 de septiembre el concejal de Zaragoza en Común y Secretario General del Partido Comunista en Aragón Alberto Cubero, será juzgado por un supuesto “delito de odio”. El proceso judicial es fruto de una querella presentada por el partido ultraderechista Vox basándose en un tuit publicado por el concejal zaragozano donde expresaba la necesidad de dar respuesta a las provocaciones de la extrema derecha y ponía como ejemplo la concentración pacífica de los vecinos del barrio madrileño de Vallecas contra un acto electoral de Vox (concentración que fue reventada cuando el mismo Santiago Abascal y sus secuaces rompieron el cordón policial para enfrentarse directamente con los manifestantes). La denunica a su vez incluía el supuesto delito de “apología del comunismo”, inexistente en el Código Penal español, basandose en una resolución del Parlamento Europeo donde equipara el comunismo con el nazismo. En total piden 4 años y 9 meses de prisión y 10.000 euros de multa.
Lo grave no es que la ultraderecha realice todas estas acusaciones sin el menor fundamento sino que la Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia pidiendo una pena de 2 años y medio de prisión y de inhabilitación para el sufragio pasivo así como 5.400 euros de multa. El simple hecho de que la fiscalía haya admitido a trámite la demanda evidencia un hecho cada vez más flagrante: el papel extremadamente reaccionario de la Justicia en el seno del Estado burgués. Con este proceso, así como con muchos más procesos contra sindicalistas y activistas, buscan amedrentar, privar del ejercicio de cargos públicos y en última instancia encarcelar a todo aquel que se enfrente a los poderes políticos y económicos que subyugan nuestro país ya sea desde las instituciones o desde la movilización social.
Queda claro que el fascismo no se limita a la actividad política de un partido ultrarreaccionario como Vox, sino que de esas mismas dinámicas forman parte, de manera más o menos coordinada, importantes sectores de la judicatura, los cuerpos y fuerzas de seguridad, el Ejército, la alta administración del Estado, los medios de comunicación y el Ibex 35. Todos ellos actúan amparados en un conjunto de leyes antipopulares y represivas creadas para reprimir y contener la protesta social y favorecer la alienación y explotación de nuestra clase. La maquinaria del Estado, lejos de ser neutral, participa de estos oscuros manejos que han llevado a atropellos tan flagrantes como el cierre de períodicos (Caso Egunkaria), secuestros de publicaciones, montajes policiales o difamación y linchamiento mediáticos orquestados desde las cloacas más profundas.
La Unión Europea no sirve como freno para estas dinámicas reaccionarias y antidemocráticas. Es más la Resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 2019 que equipara al nazismo alemán con el comunismo, sólo sirve para relativizar los crimenes nazis y blanquear al resto de expresiones del fascismo que se dieron en Europa (no se dice nada acerca del franquismo, del salazarismo portugués, de los cruces flechadas húngaros, del rexismo belga, de los ustachas croatas, de los banderistas ucranianos…) Esta resolución condena de manera absoluta la ideología comunista, el nazismo alemán a medias y absuelve todas las demás corrientes fascistas que colaboraron con el Tercer Reich a pesar de sus cuantiosos crimenes.
La hipocresía de la Unión Europea es palmaria cuando aplaude que se desmantelen los monumentos dedicados a los combatientes del Ejército Rojo, que fue el que verdaderamente abatió a la bestia nazi, y da soporte a los regímenes reaccionarios del Este de Europa cuando nombrán “Héroes de la Patria” a colaboracionistas nazis, persiguen y proscriben a los comunistas y acosan a las minorías étnicas y LGTB en sus respectivos países. La UE es responsable de contribuir a expandir la ideología más belicista y reaccionaria que nos lleva por el camino de la guerra.
Por eso desde el Partido Comunista de España en la provincia de Ciudad Real queremos expresar nuestra más honda solidaridad con el camarada Alberto Cubero y hacemos un llamamiento al conjunto de fuerzas democráticas, sindicatos y movimientos sociales para movilizarse de cara el próximo 15 de Septiembre para exigir su absolución. No olividamos el resto de personas que se encuentran encausadas por su actividad política, sindical y social; por ello debemos exigir hoy más que nunca al gobierno de coalición la derogación completa de la Ley de Seguridad Ciudadana así como del conjunto de la legislación represiva. Las y los comunistas fuimos vanguardia en la lucha por la democracia durante el régimen fascista y no podemos tolerar la justicia sea un instrumento de la reacción contra las personas militantes en pos de la transformación social.
¡Ser antifascista y comunista no es ningún delito!
¡Tod@s con Alberto Cubero!
